El gobierno y los medios de comunicación, una tensión regulada

Por: Mariana Guizar Rojas (@nanis_gr) mariianna.gr@gmail.com

y Francisco Carrillo Alfaro (@Fran_Alfaro02) falfaro0200@gmail.com 

“Un principio general observado es: entre mayor sea la mezcla de financiamiento utilizada por un medio, menos obligaciones tiene de producir y desarrollar contenidos que satisfagan los objetivos de una sola fuente de financiamiento.”

-Robert McKenzie, 2006.

En México existen distintas formas de financiamiento de medios informativos. En el caso de la televisión pública, puede financiarse con recursos públicos, donaciones y patrocinios, además de algunos aportes federales y estatales. Mientras que la televisión privada o de uso comercial (como Televisa y TVAzteca) basa su economía en la publicidad (McKenzie: 37). Sin embargo, aunque monetariamente el gobierno no da apoyo a este último tipo de canales, históricamente han trabajado de la mano para empoderarse el uno al otro.  

Por ello, te traemos un recorrido histórico de la relación entre el gobierno mexicano y los medios de comunicación para, finalmente, describir el panorama actual.

Resultan evidentes las razones por las que, durante la segunda mitad del siglo XX, los lazos entre dichos sectores fueron más estrechos que nunca. En aquella época, la televisión, considerada como la mejor herramienta para acercarse e influir en los ciudadanos, fue aprovechada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para reforzar sus mensajes políticos.

El medio principal: Televisa, empresa que logró un desarrollo de la industria exitoso, pues gracias a los favoritismos, beneficios y privilegios que le otorgaban los gobiernos en turno, se valió para posicionarse entre las compañías más poderosas de medios del mundo (González, 2012: 20-23). Pero, ¿a qué costó? Legitimar al gobierno.

La relación se mantuvo favorable para ambos sectores durante gran parte de la posesión del sistema político del PRI en el poder. Cada lado obtenía lo que quería: el gobierno se acercaba a las audiencias a través de los contenidos televisivos y, a su vez, Televisa consolidaba su monopolio en la industria. Sin embargo, la tensión en la relación comenzó a surgir cuando el Estado se dio cuenta de la necesidad de regular la industria de las telecomunicaciones.

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Uno de los casos más destacados y punta de lanza para desquebrajar la relación entre el gobierno y los medios de comunicación fue la reforma electoral de 2007-2008, surgida después de las controversiales elecciones de 2006. En ella, entre otras cosas, los aspectos modificados fueron (Sosa, 2009: 187-188):

  • la reducción de tiempos de campaña y disminución de gastos de las mismas mediante la reducción de financiamiento público;
  • el establecimiento de límites para el financiamiento privado a partidos políticos para la realización de campañas;
  • la prohibición de incidencia de actores ajenos en las campañas y sus resultados a través de medios masivos y;
  • la elevación al rango constitucional de las regulaciones a las cuales debe encontrarse sujeta la propaganda gubernamental 

Estas regulaciones molestaron a los medios de comunicación, pues quienes habían sido aliados por una larga época, ahora eran vistos como villanos y enemigos del Estado -liderado ya por el Partido Acción Nacional (PAN)-, debido a que a las televisoras se les cerraban amplios canales de financiamiento y enriquecimiento. A partir de esa época, el vínculo se volvió inestable.

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Pero, ¿qué sucede en la actualidad? A los ojos de la audiencia, ¿cómo se percibe la relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las grandes televisoras?

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Las relaciones entre los distintos dueños de los medios y la presidencia han sido protagonistas en el debate político actual. Este caso resulta particularmente interesante, ya que la forma en que el partido en el poder se ha relacionado con los empresarios ha cambiado mucho en los últimos años.

El discurso de AMLO como candidato, en el que los medios eran parte de la “mafia del poder”, ahora como presidente se transformó en un dialogo conciliatorio, donde todos son parte indispensable del actual gobierno en materia económica, social e inclusive, política. 

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Quizá el ejemplo que ilustra mejor lo anterior es el de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y, por lo mismo, dueño de una de las televisoras con mayor influencia dentro del territorio mexicano, TVAzteca. Este empresario y el presidente López Obrador han estrechado lazos que han provocado la rápida solución de polémicas políticas (como la que se suscitó entre Javier a la Torre y Hugo López Gatell) o la alianza entre la empresa y el gobierno para otorgar créditos y programas sociales por medio de instituciones bancarias que pertenecen a Grupo Salinas (Banco Azteca).

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Ejemplos como los anteriores hay algunos otros, pero eso no quiere decir que la relación entre los distintos medios de comunicación y el gobierno actual sea toda ella pacífica y cooperativa. De hecho, la tensión entre los medios (sean televisivos, radiofónicos o impresos) y la autonombrada Cuarta Transformación, siempre ha estado cargada de polémica, dimes y diretes. 

No es ninguna novedad que el debate político sea protagónico en la vida pública nacional. No obstante, lo que sí representa algo diferente a otros gobiernos es que esta polémica muchas veces es iniciada desde Palacio Nacional por el propio presidente. López Obrador ha adoptado un discurso que aparentemente aboga por la plena libertad de expresión del pueblo a través de distintas posiciones en diferentes medios de comunicación; sin embargo, en la práctica este planteamiento resulta cuando menos dudoso. 

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Es importante destacar que dichas tensiones y controversias no se dan en contra de las televisoras, sino con la prensa, lo cual se debe, en buena parte, por las declaraciones AMLO, quien ha tratado de deslegitimar a diferentes medios a través de motes cargados de ironía y desprestigio: “fifís”, neoliberales, conservadores y “pasquines inmundos” son sólo algunos ejemplos.

Entonces, ¿dónde queda la tan aclamada libertad de expresión? Esto lleva a pensar que la política del gobierno en turno es muy clara: todo aquel que critique el gobierno es porque tiene intereses que por lo general responden a necesidades del sector privilegiado. 

Por el contrario, los medios o periodistas que no lo critiquen tienen un espacio prácticamente inamovible en las conferencias matutinas, aunque muchas de sus preguntas estén acomodadas para López Obrador (como Carlos Pozos, conocido en redes sociales como Lord Molécula). No hay que pensar que la responsabilidad de esta tensión pertenece únicamente al gobierno, ya que algunos medios de comunicación son evidentemente parciales, sin embargo, el análisis consiste en matizar.

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Es así como la tensión entre los medios de comunicación y el gobierno de la 4T ha derivado en una profunda polarización política donde, o se defiende al gobierno “a capa y espada”, o se le ataca desde todas las posiciones. Esto representa un gran problema para el análisis desde los medios ya que, al asumir implícitamente esa realidad, confirman y aplican el discurso polarizador propuesto desde Palacio Nacional. Los medios son parte de la polarización que, al mismo tiempo e irónicamente, critican. Un bucle sin ningún fin aparente.

Bibliografía:

González, C. (2012). “Muy buenas noches” México, la televisión y la Guerra Fría. Fondo de Cultura Económica. 

McKenzie, R. (2006). “El financiamiento de los medios de comunicación en México, Estados Unidos y China”. En Derecho Comparado a la Información. Julio-diciembre de 2006. pp. 17-44.

Sosa, G. (2009). El desafío de los grupos de poder mediático: la reforma electoral. http://dx.doi.org/10.1016/j.espol.2016.10.004 

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