Fake news y los delitos contra el honor. Apuntes para entender la relación entre el ejercicio comunicativo, la difamación y alfabetización digital.

Por Israel Regino Barajas

El 26 de agosto del presente año, el diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del grupo parlamentario Morena, presentó una iniciativa de reforma de los artículos 214 y 215 del código penal para el distrito federal, la cual puede ser consultada aquí.

Diversos medios de comunicación condenaron la propuesta, indicando que agregar el delito de difamación sería un retroceso a la libertad de expresión de los periodistas y una violación a los derechos humanos.

En otros casos, el titular de la nota referida a la iniciativa indica que el diputado de morena propone una iniciativa para impedir que los periodistas puedan indagar en carpetas de la Fiscalía y posteriormente se mencionan las reformas de los artículos 214 y 215.

Por otro lado, el diputado Aldarán ha respondido a estos medios indicando que se ha tergiversado su iniciativa y que, de hecho, son esas tergiversaciones las que se intentan evitar con la reforma de ley.

De cualquier modo, los ataques realizados se justifican por ser una traba a la libertad de expresión del periodismo y a un atraso de décadas para fomentar hechos que ya se habían dejado en el pasado: permitir al periodismo informar a la ciudadanía sin la represión penal como consecuencia. Realicemos un breve análisis del asunto.

La difamación en pie.

En el Código Penal Federal en su título vigésimo nombrado “Delitos contra el honor”, en su Capítulo II “Injurias y difamación”, los artículos 348 hasta el 355 se encuentran derogados, por lo que el delito de difamación a nivel federal no está tipificado, es decir, no tiene ninguna consecuencia penal. Del mismo modo, el delito de difamación en la Ciudad de México se encuentra derogado en los artículos 214 y 215, exactamente los artículos que se pretenden reformar.

Aunque a nivel federal y local en varios estados de la república el delito de difamación se encuentra derogado, no es el caso en todas las entidades federativas.

Por ejemplo, en el código penal del estado de Nuevo León en su título décimo séptimo “delitos contra el honor y la dignidad de la persona”, capítulo III “difamación”, artículo 344 indica que la difamación “consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación que se le hace a otra persona física o persona moral, en los casos previstos por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”, con una pena de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 10 a 500 cuotas o ambas, según criterio del juez.

Aunque existen algunas excepciones como lo indica el artículo 347, fracción I, a saber, que no se aplicará sanción alguna como reo de difamación ni de injurias al que manifieste técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística, científica o industrial.

Es decir, los literatos, artistas, científicos o industriales se encuentran salvos siempre y cuando lo expresen técnicamente y en una producción propia de su profesión. Sin embargo, los periodistas y la ciudadanía en general quedan desprotegidos en este tipo de casos.

Así, por ejemplo, un regidor del municipio de San Pedro Garza García, estado de Nuevo León, el panista Ernesto Chapa Calvillo presentó una denuncia al edil Eduardo Aguilar por el delito de difamación, ya que el edil Aguilar denunció una supuesta extorsión por parte del regidor Chapa por exigir la agilización del trámite del desarrollo multifamiliar Ysabella.

También existe la denuncia que interpuso Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber dicho que vendió una planta de fertilizantes a sobreprecio.

Honor-Difamación-Expresión en el código penal federal y en el código civil federal.

Con la reforma del 13 de abril de 2007 al código penal federal se despenalizaron los delitos contra el honor “difamación, calumnia e injurias”, intentando evitar conductas en procesos electorales que han dado lugar a llamada “guerra sucia” y que fueron reguladas por nuevos códigos en materia electoral. 

El estudio Calumnias, difamación e injurias hace referencia al desarrollo de los tres delitos que conforman los “delitos contra el honor” y remarcadamente insiste en la tensión que existe entre los conceptos de honor y los actos de libertad de expresión, ambos conceptos han tenido una relación sumamente controversial pues ambos se conciben como derechos individuales que son inalienables a cualquier ser humano, por ejemplo, el estudio, citando al diccionario jurídico mexicano indica “El concepto de honor, en este aspecto objetivo, nos viene dado por el juicio que de una persona tienen las demás”.

Por otro lado, la libertad de expresión supone la posibilidad de toda persona de poder manifestar sus ideas, pensamientos, opiniones, dibujos, gestos o cualquier tipo de expresión sobre cualquier tipo de medio. Mientras se adopte la libertad de expresión en sentido amplio, es decir, sin ningún tipo de restricciones, parecería que el delito de difamación no tendría ningún sentido.

Sin embargo, al agregar un componente de responsabilidad y uso ético de la libertad de expresión, que ya son dos restricciones, aunque consideradas como positivas, la existencia de la difamación podría tener sentido, pero no necesariamente en el ejercicio de la acción penal y específicamente contra periodistas.

Por ejemplo, federalmente se ha derogado pero el concepto de honor continúa en el código civil federal pues en el artículo 1916, refiriéndose al daño moral, indica que una persona puede ser afectada en su honor, reputación, sentimientos, entre otros, y que este daño se tendrá que reparar. Sin embargo, el artículo 1916 Bis indica que quienes estén ejerciendo sus derechos de opinión, crítica, expresión e información, en términos de los arts. 6º y 7º de la Constitución.

Esta otra forma de regular las afectaciones contra el honor evita la criminalización de la opinión crítica en todos los ámbitos y protege al ejercicio de actos comunicativos, como los periodísticos, por lo menos legalmente. Propone cierto umbral moral de responsabilidad de la libertad de expresión, pero sin llegar al sistema de justicia penal. Sin embargo, con la aparición de las ahora llamadas fake news parece ser que el panorama

Fake news: delito de difamación o alfabetización digital

Las noticias falsas o fake news en los medios digitales representan el principal argumento para el diputado Eleazar Rubio Aldarán en vías de volver a penalizar el delito de difamación pues indica que en la era digital cualquier persona puede llegar a terminar con la familia o trabajo de otra si así lo quiere.

Además, considera que la labora periodística se reduce a informar, pero no a realizar investigaciones o diligencias y concluye en reavivar el delito de difamación como forma de afrontar la nueva realidad digital y específicamente las fake news.

Es extraño, sin embargo, que la fuente principal de la iniciativa sea el estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre noticias falsas y su impacto en el derecho a la libertad de expresión en México, que en ningún momento promueva la criminalización de la expresión aunque sea falsa sino que, por el contario, promueve un conjunto de propuestas más bien de monitoreo y reguladoras del ejercicio de la expresión, por ejemplo, la creación de órganos supervisores en materia de noticias falsas, cartilla de derechos digitales, eventos de difusión con periodistas, prevención de actos contrarios a la libertad de expresión, legislar de acuerdo a derechos humanos, incentivar la no difusión de noticias falsas, refuerzo en códigos de ética, entre otros.

Así mismo, desde yomx.mx, hemos propuesto que sea la alfabetización mediática la mejor defensa en contra de las fake news, pues permiten desarrollar habilidades que eviten su difusión y permiten a las personas interesadas comprender los problemas comunicativos a nivel local, regional o global.

“Para ser más concretos en el tema, Dw Akademie expone tres habilidades que se desarrollan con la alfabetización mediática e informacional:

Habilidades técnicas: implica la capacidad de los ciudadanos de acceder y usar una computadora, celular y otros dispositivos electrónicos que proporcionen contenidos.

Aunque es un requisito esencial para la alfabetización mediática, es importante mencionarlo porque en varios países existe una brecha digital que imposibilita dicha propuesta. 

Habilidades de decodificación de contenidos: Consiste en deconstruir y analizar los mensajes en la red, mientras se está consciente de las propias necesidades que tenemos como usuarios y la habilidad para satisfacerlas.

Con ambas habilidades, el consumidor podrá comprender el papel de los medios en la configuración de los problemas globales, podrán identificar noticias y saber cómo los medios deciden lo que importa.”

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